27 de diciembre de 2013

LA DEUDA ILEGITIMA DE ESPAÑA


Existe una teoría jurídica (Alexander Sack) en la que se plantea que parte de la deuda de un país, aquella deuda pública en la que incurre un estado para propósitos contrarios a los intereses de la propia nación y sus ciudadanos, no debería ser exigible a los ciudadanos de ese país, sino a los políticos que la contrajeron. Según este planteamiento parte de la deuda que España tiene asumida la deberían de exigir los prestamistas a aquellos que la contrataron para fines ajenos al interés nacional. Se suele comparar esta doctrina de la deuda ilegítima con el concepto de nulidad de los contratos firmados bajo coacción, ya que en ambos casos, el ciudadano y la nación estarían indefensos antes los desmanes de aquella o aquellas personas, representantes políticos e inversores, que se aprovecharon de estos acuerdos.

En el caso de España, la ciudadanía ha considerado especialmente injusto el despilfarro del que han hecho gala muchos políticos a la hora de gestionar el erario público. Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el tratamiento que ha dado el gobierno a ciertas deudas privadas, especialmente las de las cajas de ahorro y entidades bancarias, que han sido “rescatadas”, o lo que es lo mismo, el estado ha intervenido con dinero público para evitar su quiebra. Se socializan las pérdidas de entidades cuyos beneficios en épocas mejores engordaron los bolsillos de sus accionistas. 

La clase política española ha jugado un papel fundamental en el derroche que ha llevado a la economía al punto donde está, tanto en lo referido a la deuda pública como a la privada. En España la deuda privada, empresas y familias,  supera con mucho margen a la pública y buena parte de esta deuda privada pertenecía a las cajas de ahorros, unas entidades que han sido instrumentos financieros manejados a su antojo por políticos y caciques locales, financiando proyectos nefastos e imposibles que han provocado enormes agujeros en los presupuestos públicos y que como consecuencia de ello han desaparecido, eso si dejando el problema al estado, tanto el derivado de las inversiones crediticia de signo político como el representado por la operaciones "privadas" fallidas.

Ante lo anterior deberiamos plantearnos hasta que punto debemos asumir como deuda pública aquellos importes solicitados por el estado que no han sido destinados a la nación ni a los ciudadanos, hasta que punto debemos permitir que la devolución de las fabulosas cantidades despilfarradas o regaladas al amigo se sitúen por encima de la soberanía de su pueblo y el bienestar de las personas. En este punto debemos recordar que según la constitución de 1978 la atención a las necesidades de los ciudadanos y del propio estado era una obligación prioritaria al pago de la deuda pública, y digo era porque en septiembre de 2011 dicho artículo fue reformado con nocturnidad y alevosía entre el PP y el PSOE, de un día para otro y sin consulta popular, a efectos de dar prioridad absoluta al pago de la deuda frente a otras partidas presupuestarias, tranquilizando así a los mercados financieros y "garantizando" el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Una modificación de la Constitución que otorga carta blanca al gobierno para llevar a cabo tantos recortes sociales como se le ocurran. Una modificación del texto constitucional que permite hoy al PP destinar los recursos y derechos de todos a cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Europa y al pago de la deuda, sin tocar lo más mínimo los beneficios de las grandes corporaciones empresariales y financieras y en detrimento del crecimiento económico basado en la intervención pública y su efecto creador de empleo estable. He aquí el motivo por el cual nos siguen prestando dinero y no por la pretendida confianza que según Rajoy genera su gobierno y su partido.

Partido Popular y PSOE son a todas luces los únicos responsables de la escalada de la deuda española. Una deuda que en 2007 ya estaba en la escalofriante cifra del 45% del PIB, que en 2014 rozará el 100% y que solo para el pago de los intereses que genera los Presupuestos Generales para 2014 contemplan una cifra superior a los 37.000 millones de euros.





Ante esta situación, el estancamiento actual de la economía y la falta de medidas para garantizar un crecimiento sostenido importante, es fácil llegar a la conclusión de que así España nunca podrá reducir considerablemente la deuda que tiene contraída y que muy al contrario esta irá en aumento. Por tanto deberiamos ir pensando en auditar dicha deuda para reducirla, tal y como exigen varios movimientos ciudadanos e Izquierda Unida, para separar de entre ella lo superfluo e interesado de lo necesario. Por supuesto ningún político tendrá que devolver lo indebidamente gastado, ojalá fuera posible. Lo que si es lícito y necesario es que aquellos prestamistas que prestaron conociendo el destino inútil del dinero y mirando hacia otro lado en aras de unos excelentes intereses y seguridad en el cobro, sean obligados a efectuar una quita que en términos monetarios debería coincidir con el importe de la "deuda ilícita" que se desprendiese de la auditoría a realizar. Lo anterior supondría una dura renegociación con las entidades prestamistas, unas negociaciones que deben tener como resultado el reparto de las consecuencias del error voluntario cometido al prestar a quien no puede pagar a cambio de una garantía que no es ni más ni menos que la propia soberanía de España, garantía que ya ha sido embargada y todos lo sabemos desde que se modificó la Constitución.

Volviendo a la teoría inicial, su autor establece tres condicionantes para que la deuda de un país pueda ser considerada ilegitima:
1.-El gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos.
2.-El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.
3.-Aunque el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores concede el préstamo, normalmente por el alto interés que recibirá y en base las altas garantías ofrecidas.
Poco esfuerzo tenemos que hacer para llegar a concluir que una buena parte de la deuda española cumple de sobra con los tres condicionantes de A. Sack. 

En relación al Punto 1, parece normal que todo los ciudadanos entendamos que los gastos están contemplados en los presupuestos y deberían por tanto están supeditados a los ingresos, sin que exista la necesidad de nuevo endeudamiento para cubrirlos, y que es el desfase entre ingresos reales y gastos finalmente realizados lo que provoca históricamente la deuda. Un desfase en el que por supuesto están incluidos los gastos "ilícitos". Si bien aceptamos la necesidad de endeudamiento para poder cubrir los gastos necesarios al ser los ingresos previstos inferiores a estos, de ninguna manera aceptamos que se incurra en gastos "ilicitos".  El pueblo a través de sus representantes aprueba los presupuestos, que los presupuestos no se cumplan no es responsabilidad de los ciudadanos, menos aún si el incumplimiento se deriva de un gasto descontrolado o perfectamente prescindible.

Para comprobar si se cumple o no lo establecido en el Punto 2,  basta con acudir a la web del Movimiento 15M y ver una relación incompleta del despilfarro de miles de millones de euros.

Refiriéndonos al Punto 3,  considerar que un prestamista carece de una completa información sobre la inversión que realiza es totalmente impensable si hablamos de cientos o miles de millones de euros.

Sin embargo los gobiernos PP-PSOE se empeñan en culpar a la población del endeudamiento global, bien por servicios que se le han dado sin medios económicos para sufragarlos o bien porque los ciudadanos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades gracias al crédito fácil. Bien, pues en este caso y aún con más justificación es necesaria también una auditoria de la deuda privada española. Una vez realizada aquellos bancos que prestaron especulativamente sin tener en cuenta la capacidad de pago del prestatario y los factores de riesgo ya establecidos que analizasen su capacidad de endeudamiento y viabilidad de las inversiones a financiar, deberán ser obligados a realizar quitas importantes, adecuando la deuda a la realidad de la garantía, una garantía cuyo valor ellos inflaron artificialmente o falsearon en su propio y único interés.

Por otro lado el gobierno debería ser más prudente cuando habla del endeudamiento inadecuado de la población, es el propio gobierno quien debería haber utilizado los mecanismos establecidos para que esto no se hubiese producido, mecanismos de los que el Banco de España disponía y dispone, en lugar de exigir a su gobernador que mintiese sobre la situación económica española e impedirle que realizase su función reguladora.

Esta auditoria de la deuda española, publica y privada, tendría además un carácter disuasorio sobre la posibilidad de que nuestros políticos volvieran a incurrir en nuevos gastos ilícitos o los bancos en operaciones inviables. Supondría, por fin, un adecuado control de los ciudadanos sobre el gasto publico y sobre la gestión de sus representantes. Por otro lado los denominados mercados financieros verían con agrado este control real de sus inversiones, visión que sin duda repercutiría positivamente en las condiciones que hoy nos imponen.

Lo que desde luego si es cierto es que los españoles estamos pagando nuestra deuda privada y además la del Estado, mientras tanto el Estado sigue endeudándose, cosa con la que los españoles no podemos ni tan siquiera soñar aunque solo sea para comer. También es muy cierto que si hay algo que en España no está en crisis es la pobreza, aumenta cada día.

Benito Sacaluga

Fuente consultada: United Explanations.


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