LA RESTAURACIÓN FRANQUISTA

La Guerra Civil había terminado. Los vencedores debían asegurar su victoria. Era necesario exterminar cualquier semilla de libertad y por supuesto se tenían que ajustar cuentas con todos aquellos que se opusieron al fascismo.

Heinrich Himmler

Los servicios de información, de espionaje del ejército, de policía, debían ser modernizados, puestos al día en las nuevas técnicas policíacas y represoras y que mejor maestro que la Alemania nazi. Franco contó sus preocupaciones al nazi Heinrich Himmler durante el transcurso de una visita que éste realizó a España en 1940. Los nazis se apresuraron a prestar su valiosa ayuda y enviaron a España a un perfecto conocedor de la técnica represiva, un oficial de la Gestapo y de las SS, para que formara a los policías españoles, la mayor parte de ellos procedentes de los ya prescindibles servicios de espionaje militar franquista. Paul Winzer, así se llamaba el nazi en cuestión, permaneció en España hasta 1944, instruyendo a los miembros de la Brigada Político Social creada en 1941.

Dicen los libros que la Brigada Politico Social se eliminó en 1976, aunque en realidad solo se procedió a cambiar su nombre por el de Brigada Central de Información. Su cometido no era luchar contra la delincuencia, su único objetivo era  perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo.  Sus leyes de cabecera eran la Ley Represora de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Unidad Sindical, la Ley de Responsabilidades Políticas, la de peligrosidad y la de vagos y maleantes, unas leyes cuya aplicación ha llenado cárceles y cementerios. Sus actividades quedaban ocultas ante la justicia ordinaria, solo los jueces de los juzgados especiales, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y posteriormente los Tribunales de Orden Público (TOP) estaban autorizados para conocer de sus andanzas, con la consecuencia de que se permitía a sus miembros argumentar detenciones aunque ni siquiera existieran sospechas fundadas sobre la comisión de un delito. Su modus operandi consistía en seguimientos, escuchas telefónicas, control de la correspondencia particular y de las empresas y colectivos, registros domiciliarios, amenazas,  (todo ello sin control judicial alguno), detenciones gubernativas indefinidas, confiscación e incautación de bienes y la práctica de la tortura para la averiguación de los hechos o como forma de castigo. Si bien siempre existió un ministro de Justicia, dado que en España no había justicia, su función era exclusivamente la de aparentar que la había, mirar para otro lado y llegado el caso sacar de apuros a los miembros de la B.P.S.

Todo el que haya visitado los sótanos de la Dirección General de Seguridad, hasta hace poco en la Puerta del Sol madrileña, y hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, puede hacerse una idea de las condiciones en que se trataba a los detenidos.

El más siniestro jefe de la Brigada fue Roberto Conesa, permaneció en su puesto desde los años iniciales y hasta 1976, sus métodos siempre fueron calificados de brutales. El celo desempeñado en su trabajo en España no le impidió colaborar con la Gestapo durante la II Guerra Mundial.

Su mano derecha fue el hoy reclamado por la justicia argentina Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, un torturador aún más cruel que Conesa y al que Rodolfo Martin Villa premió con la Medalla de Plata al Mérito Policial. Afortunadamente Martín Villa también está reclamado por la justicia argentina.

Hoy casi ya en el 2014, un gobierno heredero del franquismo y a través de un ministro de Justicia, casado con la hija de un falangista que llegó a ser Ministro Secretario General de Movimiento, ahora investigado por la justicia argentina, y de un ministro del Interior miembro del Opus Dei, ha elaborado la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Una recreación de las leyes represoras franquistas que a diferencia de la Ley de Dependencia si tendrá un holgado presupuesto para su aplicación. Un gesto del Partido Popular para asegurar los votos de la extrema derecha española, para contentar a todos los nostálgicos del franquismo, que penaliza y coarta la defensa de todos los derechos que el Partido Popular está robando a los ciudadanos españoles. Una ley a la que muchos juristas han tachado de antidemocrática y que sin embargo el Gobierno logrará que sea aprobada esgrimiendo su mayoría absoluta en el Congreso.

El miedo volverá a planear sobre las cabezas de los españoles, asistir a una manifestación en defensa de cualquier legítimo derecho será un ejercicio de riesgo y las concentraciones lo notaran en su número de asistentes. Las sanciones económicas podrán ser aplicadas de inmediato y su cobró dispondrá de la facilidad que para el embargo de nóminas o saldos bancarios tiene la Administración. Los recursos que se presenten ante las sanciones tardarán años en resolverse y en cualquier caso el total daño nunca será reparado.

Poco a poco España va retornando al pasado. El programa de la Transición se está cumpliendo, siempre se trató de una Transición en sentido contrario. De un espejismo provocado y calculado hasta sus más mínimos detalles. Nuestro escenario actual se asemeja al que existía durante la Restauración Borbónica del siglo XIX, una restauración acompañada de una dictadura que de la mano de un general puso fin a la I República. Años más tarde la II República nos libró de esa dictadura y de su rey. Años más tarde Franco, otro general, destruyó lo creado y hoy, muerto el dictador, sus herederos están poniendo las bases para la "Restauración Borbónico-Franquista" y así es por mucho que se empeñen en repetirnos que han restaurado la democracia. En toda la historia de España solo con la República ha existido la democracia, por esta razón los españoles no sabemos realmente que es lo que significa y mucho menos como debe practicarse. Existen unos pilares básicos para que un estado pueda denominarse democrático y de derecho:

Independencia del Poder Legislativo (Congreso y Senado)

Independencia del Poder Judicial (Jueces y Fiscales)

Independencia del Poder Ejecutivo (Gobierno)

y todos somos conscientes de que las citadas separaciones de poderes no existen en España, es más, los tres poderes están estrechamente relacionados, entre ellos alimentados y eficazmente manipulados por el poder económico. Sin la separación efectiva de estos tres poderes es imposible una democracia real.

Si analizamos los acontecimientos ocurridos en España desde 1873 es fácil deducir que solo la III República podrá acabar con la "Restauración" en marcha y ponerle freno al retroceso, esta vez de forma definitiva. Solo entonces podremos decir que en España se ha llevado a cabo una Transición.


Benito Sacaluga