27 de abril de 2014

JAQUE A LA BANCA





El nuevo presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, un ex empleado del Banco de España, se ha marcado un objetivo imposible: salvar la imagen de la banca. Como si a la Banca le importase que su imagen sea digna. Ética y Banca son conceptos incompatibles. La Banca tiene y ha tenido siempre un objetivo exclusivo: aumentar la cuenta de resultados, algo a lo que nunca renunciará sean cuales sean los medios que para ello tenga que utilizar y así ha sido desde hace 4.000 años cuando en Babilonia empezaron a ser habituales los préstamos destinados al comercio.

Roldán pretende recuperar el prestigio y la reputación pérdida por el sector desde el estallido de la crisis olvidando voluntariamente que fueron los bancos los responsables de su existencia. Se ofrece como una especie de Papa Francisco, tratando de convencernos de que los crímenes de la iglesia se van a corregir mientras sus cardenales exaltan el franquismo, sus curas siguen violando a los niños y sus obispos se enriquecen al mismo tiempo que presionan al Estado para que el aborregamiento de la población no se deteriore más de lo que está. Misión imposible para los dos, además de interesada ya que que solo persiguen recuperar el terreno perdido y seguir enriqueciéndose. Todos sabemos que el prestigio de la Banca es directamente proporcional a los dígitos de su cuenta de resultados y el de la Iglesia a su cuota de poder dentro del Estado. Un tandem Banca-Iglesia que Ruiz Mateos supo aprovechar como nadie con la única excepción del Banco Popular Español.

Si hay algún negocio que se base en la confianza ese es el negocio bancario, los bancos lo saben y quieren que volvamos a ser confiados, lo necesitan para que nuestros depósitos de dinero les permitan seguir especulando con dinero ajeno. La Banca sin dinero en efectivo, sin liquidez muere. En agosto de 2007 los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario, ayudas que recogieron de diferentes formas desde el banco más pequeño al más grande. La Banca cortó el grifo del crédito y el cierre de empresas fue y sigue siendo diario y constante, una situación que prolongada desde 2007 ha llevado a España a unas cifras de paro nunca conocidas. España entró en recesión. La especulación salvaje en los mercados secundarios de hipotecas inmobiliarias llevó al país a la quiebra. Una especulación alimentada por la descomunal inflación del mercado inmobiliario creada como consecuencia de la Ley de Suelo que el Partido Popular aprobó en 1997, solo un años después de que Aznar llegase al poder, y alimentada por una oferta ilimitada de crédito hipotecario cuyos fondos se obtenían en mercados financieros secundarios. Una oferta que se traducía en operaciones a más de 40 años y soportada por garantías sobrevaloradas por las propias sociedades de tasación de los bancos. Aparte del mercado tradicional , representado por la concesión de hipotecas para la compra de viviendas, los bancos crearon su propia guerra al objeto de quitarse unos a otros hipotecas concedidas muchos años atrás y de paso incrementar el capital prestado. El crédito fluía incansable, pero lo hacia gracias a que el dinero que los bancos prestaban no era suyo, cuando se produjo la quiebra de Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG, la desconfianza se adueñó de los mercados hipotecarios y los bancos españoles dejaron de otorgar créditos, ya no podían conseguir dinero ajeno, se paralizó la venta de viviendas y el sector de la construcción acompañó al bancario en una caída que aún hoy no ha terminado, arrastrando consigo al resto de la nación y detrayendo ingentes cantidades de un dinero público.

Ambición sin límites, especulación salvaje, pólvora ajena y proteccionismo culpable del Banco de España, - del banco en el que Roldán era, ni más ni menos que Director General de Regulación y Estabilidad Financiera y desde allí vio impávido y sin mover un dedo como el sistema financiero se iba a hacer puñetas- junto con el apoyo y visto bueno de los gobiernos del PP y del PSOE constituyeron los ingredientes principales de una crisis económica que ya lleva siete años instalada en las familias españolas, que no en las grandes multinacionales, ni en la Banca, ni en el PP, ni en el PSOE.

Roldán quiere lavar la imagen de la Banca, ¿como lo hará?. ¿Acaso dejará de ejecutar hipotecas a las familias? ¿Reactivará el crédito a Pymes y Autónomos? ¿Devolverán las ayudas recibidas? ¿Volverán a contratar a las decenas de miles de empleados despedidos o prejubilados? ¿Cerrarán las sucursales que tienen operativas en paraísos fiscales? ¿Dejarán de aplicarnos comisiones hasta por ingresar dinero, comisiones que hoy son su principal fuente de ingresos? ¿Seguirán manteniendo en nómina a personas investigadas por blanqueo de dinero y fraude fiscal? ¿Cerrarán sus compañías subsidiarias de crédito fácil al 20% de interés?¿Devolverán el dinero a aquellos a los que colocaron participaciones preferentes o bonos convertibles? ¿Repondrán el dinero que existía en el Fondo de Garantía de Depósitos? ¿Dejarán de controlar sectores estratégicos como la energía? ¿Pagarán los mismos impuestos que el resto de sociedades españolas? ¿Ingresarán en prisión los responsables de la multitud de estafas que han llevado a cabo?. Todos estamos seguros de que no harán nada de lo anteriormente cuestionado, entonces ¿que harán?. Me temo que un spot corporativo acompañado de una oferta de cacerolas o toallas, seguido de la creación de alguna fundación para la protección de los humedales del Reino de Tonga, fundación de la que por supuesto será presidente de honor el Rey, la Reina o porque no la Banca March, no en vano su fundador financió el levantamiento militar de 1936.

La banca no puede salvar su imagen, lleva siglos pegado a ella, en todo caso podría disfrazarse, que es lo que hará. Que nos estafen es grave, pero que encima nos consideren idiotas es el colmo. Empieza a ser hora de que en esta desigual partida el jaque lo demos los ciudadanos, quizás hagamos caer alguna torre y tengamos posibilidad de dar jaque mate.


Benito Sacaluga







23 de abril de 2014

JUSTICIA, JUECES Y AJUSTICIADOS




Cuando los procesos judiciales se convierten en tema de debate ciudadano la justicia y los jueces pasan a ser juzgados. Es aberrante que aquellos jueces que se enfrentan al poder establecido acaben siendo juzgados. Entramos aquí en la desviación de la justicia como necesidad social hacia una amenaza social, convirtiendo al poder judicial en un simple ejercicio de poder exento de los ingredientes por los que que la población entiende justificadas las decisiones judiciales y sobre todo se siente amparada por la Justicia simplemente con el cumplimiento del universal principio de "no la hagas y no la temas". Se aleja del sentir ciudadano la sensación de que el procesado es una persona débil cuyo futuro está en manos de un juez justo, para ser sustituida por la sospecha de que el juez actúa en base a las circunstancias y el poder superior o que por el contrario el procesado es tan fuerte que la justicia acudirá a la letra pequeña del procedimiento procesal y de las leyes para procurar su exculpación, siguiendo los jueces el dictado de los poderes atacados aunque la responsabilidad en los delitos sea evidente a los ojos de la razón y el sentido común y las pruebas de culpabilidad sean palmarias.

Los jueces deben impartir justicia a la vista de lo que en los procesos se exponga por las partes, pero también deben perseguir que se haga justicia interviniendo de forma tajante cuando advierten que los derechos y oportunidades del acusador y acusado están siendo vulnerados y si llega el caso adoptar las medidas correctoras para procurar que un proceso viciado de irregularidades, intereses ajenos y coacciones externas sea reconducido de tal forma que la verdad judicial coincida con la verdad a secas, sin artimañas ni resquicios legales.

En la España franquista la justicia no existía, solo existía el poder judicial y este estaba supeditado a la dictadura. En la España de hoy, presuntamente democrática, la justicia está siendo, con razón y muchas razones, continuamente cuestionada y los jueces han perdido la presunción de justos que entrecomillas se les suponía desde 1978. Por otro lado estamos viendo como magistrados empeñados en luchar contra la corrupción se sientan en el banquillo de los acusados, el mundo al revés. A modo de ejemplo casos como los de Gómez de Liaño,  Garzón o el actual del juez Silva avalan una más que razonable desconfianza hacia la constitucional independencia y universalidad de la justicia española y por tanto de los jueces.

Gómez de Liaño se enfrentó al grupo Prisa desde la Audiencia Nacional acusándolo de apropiación indebida, las instancia superiores revocaron sus resoluciones y el denunciado, Jesús de Polanco, denunció al juez por prevaricación consiguiendo que el juez fuera condenado y apartado de la carrera judicial. Ocho años más tarde, en julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió favorablemente el recurso presentado por Gómez de Liaño, considerando justificadas las acusaciones de parcialidad hacia el órgano jurisdiccional español que le juzgó y condenó, concluyendo el Tribunal que en el juicio al que fue sometido el demandante había habido violación del art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial. Dado que el Tribunal de Estrasburgo no tiene atribuciones para anular normas, actos administrativos, ni sentencias judiciales, limitándose sus competencias a examinar y declarar la vulneración de los derechos recogidos en el Convenio por parte de los estados parte y en su caso a conceder a la parte perjudicada una satisfacción equitativa, el asunto se saldó con una multa de 5.000 € al Estado español en concepto de daños morales, pero la inhabilitación del juez no tuvo marcha atrás.

Baltasar Garzón abrió una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol, relacionada con blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, la archiconocida "trama Gurtel". Tras las peticiones de la Fiscalía y los indicios hallados contra aforados, el juez Garzón se inhibió del caso y cedió la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid, dejando un caso con 43 imputados vinculados al Partido Popular, aunque antes de hacerlo ordenó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, las escuchas a las conversaciones entre los imputados y sus abogados, que fueron anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente motivaron la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo por supuesta prevaricación y vulneración de la intimidad. El Partido Popular que había tratado, sin resultado, de recusar a Garzón como instructor del caso alegando enemistad manifiesta contra el partido e interés directo e indirecto, expresó en un comunicado que celebraba que la querella contra Garzón por las escuchas se admitiese a trámite. En sentencia dictada  9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al juez Garzón por prevaricación de forma unánime con la pena de 11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostentaba. El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012, ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón. Hoy en día el caso Gurtel tiene al Partido Popular transitando por el filo de una navaja. 

Ahora nos encontramos con el asunto del juez Elpidio José Silva, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid. Dicho juez el 5 de junio de 2013 decretó el ingreso en prisión de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid (Bankia) e intimo amigo de José María Aznar, sin posibilidad de fianza por delitos societarios, administración desleal, falsedad en documento y posible apropiación indebida, en relación con el escándalo de las preferentes y la compraventa del City National Bank of Florida. La base del juez para su decisión de ordenar el ingreso en prisión de Blesa se apoyaba entre otros argumentos en la existencia de miles de correos electrónicos que revelan revelan conversaciones con José María Aznar, su tormentosa relación con Esperanza Aguirre y movimientos político-financieros en empresas como Realia, Iberia y, sobre todo, Caja Madrid (Bankia). Quince días después de haber entrado en prisión, la Audiencia Provincial anuló la causa judicial contra Blesa afirmando que era desproporcionada y el juez Silva fue apartado del caso. Actualmente se enfrenta a un proceso de inhabilitación instado por la Fiscalía a petición de Miguel Blesa, vista en la que hoy Blesa ha declarado como testigo de la acusación.

Según lo que todos hemos podido conocer ayer y hoy a través de los medios de comunicación, da la impresión, casi la seguridad, de que el juez Silva será inhabilitado y su proceso recurrido ante el Tribunal Supremo primero y en ultima instancia si es necesario ante los tribunales europeos. Dicha seguridad no viene de las pruebas presentadas contra Silva, se basa en lo peculiar de lo hechos que están teniendo lugar dentro y fuera del Tribunal. Cuando en un proceso judicial la sentencia condenatoria o absolutoria se intuye desde el primer día del proceso oral o incluso antes, la justicia queda seriamente afectada, más aún si como en este caso se ventila un asunto en el que la legalidad de la técnica judicial utilizada por el acusado junto con sus decisiones y autos es lo que está en entredicho. En cualquier caso, sea cual sea la resolución la justicia habrá perdido, los españoles también y Blesa habrá ganado. No conviene olvidar que el actual ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en 2009 siendo alcalde de Madrid apoyo ardientemente la continuidad de Blesa como presidente de Caja Madrid (Bankia), enfrentándose a Esperanza Aguirre, empeñada ésta en colocar al frente de la Caja a su fiel servidor Ignacio Gonzalez, disputa que zanjó Mariano Rajoy nombrando a Rodrigo Rato como presidente....y enterrador de la caja. Por cierto Izquierda Unida ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 ex consejeros de Bankia y su matriz el Banco Financiero y de Ahorros por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que intentaron ocultar su grave situación de insolvencia. No se en que juzgado ha caído el asunto, pero seguro que ningún juez se alegrará de llevarlo. ¿O si?.


Benito Sacaluga.









20 de abril de 2014

JORGE BELLVER CASAÑA, HISTORIA DE UN TREPA




Jorge Bellver Casaña, en un reciente comunicado ha asegurado que (sic)  "la izquierda sólo aspira a colocar banderas inconstitucionales, banderas republicanas y a propagar la insumisión a las normas"......... "no entienden otra forma de actuar que el 'hago lo que quiero y como quiero', sin respetar la Constitución ni las normas que todos nos hemos dado como garantía de nuestro sistema democrático y de convivencia".

Bellver, de profesión político, es diputado por el Partido Popular en las Cortes Valencianas y además el "Sindic" del Grupo Popular en sustitución del incombustible Rafael Blasco desde su dimisión al estar encausado en un caso de corrupción, el llamado "Caso de la Cooperación". El tal Bellver, licenciado en Geografía e Historia, desde que tenia  22 años vive de la política, o mejor dicho de los cargos públicos que ha venido ocupando. Primero como concejal y regidor del pueblo donde nació y posteriormente bajo el ancho manto de la alcaldesa de Valencia como:

Asesor del Ayuntamiento de Valencia.
Concejal de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Valencia.
Concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia.
Concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia.

cargos todos ellos obtenidos gracias al dedo divino de Rita Barberá y actualmente y desde el 2011 Diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Popular, cargo que compaginó con la concejalía de Urbanismo.

También ha sido miembro de los consejos de administración del Puerto de Valencia, Plataforma Intermodal y Logística, Feria Valencia y Valencia Parque Central Alta Velocidad, en definitiva toda una vida cobrando de los presupuestos y sin ningún tipo de experiencia profesional, el clásico trepa dispuesto a todo con tal de conseguir poder y dinero desde que en su estrenada juventud se colgase el pin de Nuevas Generaciones del PP, organización de la cual fue presidente a los 22 años de edad.

En 2011 fue acusado de prevaricación urbanística por autorizar la construcción de un aparcamiento junto al histórico Jardín de Monforte sin solicitar el preceptivo informe del servicio de Patrimonio del Consejo de la Generalidad Valenciana y finalmente construido. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Valencia presidida por Ramón Isidro el 17 de diciembre de 2002 decidió adjudicar el contrato del aparcamiento subterráneo que afecta a los Jardines de Monforte, un bien protegido, a una UTE (Unión Temporal de Empresas) de la que formaba parte una de las cinco empresas que la Fiscalía de Madrid considera vinculadas con la financiación irregular del PP: Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, SA. Antes de conocerse la petición de la Fiscalía de Madrid de que el responsable de la mercantil declare como imputado en el sumario del caso Gürtel, ya el PSPV presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) una denuncia contra él y otros cuatro empresarios, entre ellos un sobrino del vicepresidente Juan Cotino, por lo mismo. El TSJ archivó porque el tribunal madrileño que instruye el Gürtel ya lo estaba investigando. El precio de aquella adjudicación fue de 5.402.993,94 euros. 

Finalmente Bellver fue declarado inocente junto los cuatro funcionarios que también estaban acusados. El Fiscal les acusaba de omitir intencionadamente el informe de la Dirección General de Patrimonio, antes de autorizar las obras del aparcamiento, declarado Bien de Interés Cultural. La sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana estimaba que el Sr. Bellver se equivocó pero sin mala intención. Bien puede que la justicia no pueda considerar la equivocación como un delito, consideración más que discutible, pero desde luego si quedó probado que se equivocó en un tema tan delicado e importante y debería de haber sido cesado de forma fulminante, en su lugar se le colocó en las listas electorales de las autonómicas y se le mantuvo en la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento. borrón y cuenta nueva. Tanto Belllver como los otros acusados se libraron de cualquier responsabilidad por el 'hago lo que quiero y como quiero', sin respetar la Constitución ni las normas que todos nos hemos dado como garantía de nuestro sistema democrático y de convivencia"... "propagar la insumisión a las normas"  es decir por hacer lo mismo que él acusa de hacer a la izquierda española en general, pero en su caso con el dinero de todos. 

Desde su puesto como portavoz del PP también han sido varios los errores cometidos por Bellver que han provocado no pocos enfrentamiento entre los populares valencianos, como por ejemplo en el de la recogida de firmas para el indulto del exdiputado Pedro Hernández Mateo o la proposición no de ley para que la Real Academia Española (RAE) reconociera el valenciano como "idioma propio" y que situaba sus orígenes en el íbero, tema éste que provocó perplejidad no solo en las universidades, sino también en la Academia Valenciana de la Lengua (recordemos que Bellver es licenciado en Geografía e Historia). Unamos lo anterior a la desafección con Bellver de un buen número de diputados, quienes, por una lado, opinan que Bellver es un portavoz demasiado condicionado por otros miembros de la dirección mientras que por otro, sienten que no se está sacando rendimiento a la experiencia que tiene el resto del grupo parlamentario y entenderemos los motivos por los que este fiel discípulo de Rita Barberá arremete contra la izquierda española acusándola de no respetar la Constitución., de antidemocrática y de incitar a la insumisión de los ciudadanos, algo tiene que hacer para que alguien le aplauda aunque los aplausos sean exclusivamente viscerales y provenientes del ala dura del PP. Bellver necesita resurgir de sus cenizas y para él parece ser que cualquier medio es válido.

Benito Sacaluga









19 de abril de 2014

UNA PLAZA PARA LA DAMA DE HIERRO





De todos es conocida, o debería serlo, la admiración que los gerifaltes del Partido Popular sienten por Margaret Thatcher. Lo de gerifaltes lo uso en virtud de la cuarta definición que da al término la Real Academia Española de la Lengua : coloquialmente Jefe, autoridad, sin poner el acento en la quinta, un germanismo que viene a definir al: Hombre que roba o hurta. Una admiración que viene de antaño y que en el año 2010 se plasmó con la concesión del Premio FAES de la Libertad, distinción que el propio José María Aznar se encargó de entregar personalmente. Ahora el Partido Popular quiere que la madrileña plaza situada en la confluencia de la Plaza de Colón y el Paseo de la Castellana lleve el nombre de la controvertida política británica, así las manifestaciones ciudadanas que allí acaben su recorrido tendrán sus respectivos espacios, pudiendo los infiltrados y monárquicos varios ocupar el lugar que rinde homenaje a la Baronesa Thatcher de Kesteven. Esa gran dama que desmanteló el estado de bienestar en el Reino Unido, dejó sin voz a los sindicatos, privatizó la mayoría de las empresas públicas bajo el estandarte del neoliberalismo más radical y que además de mandar la Royal Navy a las Malvinas, en abril de 1986 permitió el uso de las bases de la Royal Air Force a los F-111 estadounidenses para el bombardeo de Libia, más o menos lo mismo que están haciendo en España sus discípulos del Partido Popular. Otra cosa une a la baronesa británica y a los barones del PP: un exacerbado anticomunismo solo superado por el macarthismo yanki de mediados de los cincuenta.

El popular Fernando Martínez Vidal (no se quien es) justifica la decisión alegando que “Madrid es una ciudad cosmopolita y abierta” y “personalidades políticas de todo el mundo dan nombre a algunas de sus calles, como Olof Palme, Salvador Allende, Isaac Rabin, Nelson Mandela”, menuda comparación si tenemos en cuenta que tres de ellos fueron asesinados a manos de la derecha radical, por defender las libertades (lo de Rabin es discutible) y el otro se pasó 27 años en una cárcel sudafricana también por luchar por la libertad en su nación, una nación en donde los automóviles circulan por la izquierda. Demasiado escueto e impertinente en sus argumentos el tal Martinez Vidal, bien podría haber justificado la concesión de la plaza a la política británica con la existencia en Madrid de más de 184 calles con nombres de reputados franquistas como por ejemplo la Plaza de Arriba España, la Plaza del Caudillo (El Pardo), las calles General Yague, Caidos de la División Azul, Alberto Martin Artajo, Capitán Blanco Argibay, Capitán Haya, Comandante Zorita, Fernando Primo de Rivera, General Dávila, General Millán Astray, General Moscardó, General Varela, Luis Carrero Blanco, Muñoz Grandes... y así hasta casi doscientas sin olvidar la colonia Primo de Rivera. Así es el Ayuntamiento de Madrid y así cumple la Ley de la Memoria Histórica su alcaldesa, la amante y fiel esposa de José María Aznar, y así la cumplió el  anterior alcalde de la Villa y Corte, hoy ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, único junto con Ana Botella que ha ejercido el cargo con posterioridad a la aprobación de dicha Ley.

Un ayuntamiento y una comunidad de Madrid que ni siquiera saben con exactitud cuantos son los miles de millones de euros que debe y que en vez de trabajar en lo práctico y obligado tienen tiempo para promover iniciativas partidistas y fuera de contexto: a los madrileños nos importa muy poco o nada la señora Thatcher y si de nosotros dependiera no pagaríamos ni el importe de la placa de chapa que dará el nombre a una plaza que ademas aunque sea de uso publico es de propiedad privada (Banco de Madrid y Hotel Gran Meliá Fénix). Un ayuntamiento que ha conseguido que los madrileños (y los españoles) hagamos el ridículo con la candidatura a los JJ.OO y que además tengamos que pagar de nuestros bolsillos las paranoias de poder de Gallardón y Botella, se pone ahora a hacer homenajes permanentes a una señora que de estar ahora en el poder habría torpedeado en el Estrecho a nuestras patrulleras de la Guardia Civil sin despeinarse el moño y además nos habría pasado la factura del costo de los torpedos. Una Dama de Hierro que fue la primer ministro de una nación en cuya capital existe una enorme plaza conmemorando la Batalla de Trafalgar, esa batalla naval donde Nelsón, un almirante inglés, destrozó nuestra escuadra y la de los franceses y arrebató durante décadas nuestra hegemonía colonial y marítima. Pero bueno, también en Madrid existe una calle denominada Trafalgar, aunque estrecha, corta y escondida en el barrio de Chamberí, me imagino que en cutre homenaje a los 1.022 muertos,1.383 heridos y unos 2.500 prisioneros españoles que lo fueron luchando en la dichosa batalla.

Una Dama de Hierro que al igual que su admirador Aznar, una vez que dejó de ser la primer ministro de Inglaterra, escribió sus memorias en dos volúmenes, dio conferencias allí donde se las pagaban a razón de 50.000 $ por unidad y acabó contratada por una multinacional, en su caso la tabaquera estadounidense Philip Morris como "asesora geopolítica" (????) por 250.000 $ anuales y que al igual que Aznar también se caracterizó, principalmente durante su mandato, por su pensamiento político basado en el patriotismo, el nacionalismo único y su aberración por los sindicatos. Una señora que 1998, pidió la liberación del ex dictador chileno Augusto Pinochet cuando España lo ordenó arrestar y trató de juzgarlo por violaciones a los derechos humanos, justificando tal petición por la ayuda prestada a Inglaterra por el asesino chileno durante la Guerra de Malvinas. Asesino con el que mantenía gran amistad personal y al que visitó varias veces mientras se hallaba bajo arresto domiciliario cerca de Londres.

En fin, así son los del Partido Popular y así son las personas a las que rinden honores. A mi lo que me parece es que este tipo de honores tan particulares, fruto de una admiración personal, deberían materializarse de forma distinta a la adjudicación de su nombre a una plaza pública, por ejemplo podrían poner su nombre a sus mascotas, a algún aula de FAES, o por que no al chalet de Esteban Gonzaez Pons que se ha desecho en elogios hacia la británica dama, elogios solo superados por los expresados por Esperanza Aguirre, su aventajada y también noble alumna.

Benito Sacaluga







17 de abril de 2014

PARTIDO POPULAR: ABORTO NO, ¿GENOCIDIO SI?




El juez central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dictó el 14 de abril, fecha del aniversario de la República, un auto por el que cierra el único sumario de víctimas republicanas que permanecía abierto en la jurisdicción ordinaria española. El magistrado podía haberlo hecho otro día, pero no, lo ha hecho precisamente en una fecha que se recordará, si nos dejan, por la llegada de la Libertad y la Justicia a España, quizás el juez no conoce esa etapa de la historia, quizás no se dio cuenta, o quizás lo hizo como réplica a aquella convocatoria de elecciones que Zapatero convocó para un veinte de noviembre. Una cosa es segura, el señor Juez ha tenido poco tacto, más bien ninguno.

El juez declara concluso el sumario y lo eleva a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en concreto la Sección cuarta, que es la competente para archivar o no esta causa. El auto refleja que se abrió el sumario por los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad, pero que se cierra por la limitación de la justicia universal decidida por el Parlamento en España, limitación que obedece a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Partido Popular ha tramitado por la vía sumarísima. A finales del pasado enero el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso presentó una proposición de Ley Orgánica para reformar la justicia universal. La vía legislativa elegida evitaba pedir informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. El PP, que en este movimiento se ha encontrado siempre en solitario, impuso además un trámite ultra rápido que le ha permitido llevar al boletín oficial la reforma a mediados de marzo, antes incluso de las previsiones más optimistas.

El asunto no es baladí, estamos hablando de hacer justicia o de mirar para otro lado, de algo que para los ciudadanos es un derecho que el legislador debe proteger y que si lo modifica debe ser para ampliarlo pero nunca para mutilarlo. En el caso que nos ocupa estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de la primera querella interpuesta en España por las víctimas españolas en los campos de exterminio nacional-socialistas durante la II Guerra Mundial. Delitos contemplados dentro de un marco normativo internacional amparado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (9 de diciembre de 1948), la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968), los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad (3 de diciembre de 1973), Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998), y delitos también contemplados en el marco normativo español:  Título XXIV del Código Penal. Delitos cuyo tratamiento está sujeto a normativa europea: Decisión 2003/335/JAI del Consejo, de 8 de mayo de 2003, sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y que dada la intrínseca gravedad que entrañan así como la impunidad que con frecuencia se han procurado los grandes criminales que han perpetrado dichos crímenes ha dado lugar a la elaboración de los siguientes principios de Derecho aplicables a las más graves violaciones de los derechos humanos: Principio de Jurisdicción Universal o Principio de extraterritorialidad y Principio de imprescriptibilidad penal.

Por aplicación de los mencionados principios ha resultado posible emprender diferentes procesos judiciales, por graves violaciones de los derechos humanos, contra criminales que gozaban de absoluta impunidad en los lugares donde se cometieron dichos crímenes. No obstante, ahora y con urgencia se modifica el marco normativo español, limitando desde el pasado el 15 de marzo, la posibilidad de juzgar casos de Genocidio y Lesa Humanidad a procedimientos dirigidos contra españoles o residentes en España. España siempre dando impunidad a los responsables de los crímenes del franquismo, ahora y aquí se la otorga también a los asesinos nazis.

Volviendo a la querella cerrada por el juez Moreno decir que fue interpuesta por el Equipo Nizkor, una prestigiosa organización internacional para la defensa de los Derechos Humanos, con la colaboración en el procedimiento de la International Human Rights Law Clinic (American University, Washington College of Law), la Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y la firma internacional de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Oficinas de Nueva York y Moscú), con las acusaciones populares de AFAR II Rep y AGE y las particulares de al menos dieciocho víctimas. El objeto de la querella según Nizkor es no sólo exigir justicia, sino también lograr su reconocimiento jurídico negado sistemáticamente por el Estado español, tanto por el régimen franquista como por los gobiernos democráticos surgidos después de la constitución de 1978. En este caso concreto la Audiencia Nacional, y especialmente los fiscales asignados al caso y el juez instructor, tenían en sus manos, no sólo hacer justicia, lo cual por sí solo ya sería suficiente, sino que exista un reconocimiento de tales víctimas y de la colaboración española con el III Reich. Ahora con la modificación de la Ley, promovida por Alberto Ruiz Gallardón, casado con la hija de un ministro franquista, las esperanzas de justicia se desvanecen.

Si buscamos los verdaderos motivos de Ruiz Gallardón y de su partido para modificar esta ley solo llegaremos a una conclusión, que no es otra que el blindaje de los criminales franquistas. Como bien apunta Julia Pérez en su articulo publicado en Publico.es, la querella va más allá, además del acceso a la justicia de las victimas. El Equipo Nizkor trataba de sentar un precedente de actuación de la jurisdicción española en los delitos de Lesa Humanidad cometidos por España contra sus nacionales, en especial los cometidos por el franquismo ya que nuestro país formó parte del Eje Alemán, aplicando la jurisprudencia sentada por los tribunales de Nuremberg, tras el fin de la II Guerra Mundial. Esto es, debilitar el edificio jurídico sobre la impunidad del franquismo construido desde la Ley de Amnistía de 1977.

Este es el estado de derecho en que nos encontramos, victimas españolas a las que los tribunales españoles niegan justicia en base a que sus verdugos tienen nacionalidades diferentes a la española o no residen en nuestro país. Un estado de derecho que enarbolando la defensa de los derechos de un embrión considera el aborto como un asesinato, criminalizandolo y despojando a las madres de su derecho a decidir, un estado de derecho que al mismo tiempo protege a asesinos de masas bajo un manto jurídico interesado, impuesto por la mayoría de votos que el partido gobernante ha cosechado en las últimas elecciones y con el voto en contra de toda la oposición política. Un estado de derecho que se empeña en justificar la impunidad de los crímenes franquistas con afirmaciones falsas como las que se argumentan en la sentencia del Tribunal Supremo del proceso abierto contra el juez Garzón, ya que según Equipo Nizkor:

1) No es cierto que la ley de amnistía cumpla el principio de legalidad y menos aún que se pueda aplicar a los responsables de los crímenes franquistas.

2) No es cierto que el Reino de España, surgido a partir de 1978, no esté obligado al cumplimiento de los denominados "Principios de Nuremberg" y de la doctrina europea de "Crímenes de guerra".

3) No es cierto que el Reino de España surgido a partir de 1978 pueda desconocer las resoluciones de las Naciones Unidas que califican el régimen franquista, especialmente la 39 (I), según la cual: "... (a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini."

Una ley de amnistía la de 1977 que dio por prescritos delitos que internacionalmente son imprescriptibles olvidando que -la prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme al derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles- y que además, independientemente de lo perseguido con esa amnistía,  esta debería haber cumplido con lo que se exige en el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos:

"Principio 28 - Restricciones a la práctica de la amnistía 
Cuando la amnistía tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, se aplicarán dentro de los siguientes límites: 
a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional y los autores de violaciones masivas o sistemáticas, no podrán beneficiarse de la amnistía a menos que las víctimas dispongan de un recurso eficaz y obtengan una decisión equitativa y efectiva... 
Recordemos ahora la  distinción entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que efectúa Benjamin Ferencz, ex fiscal de Nuremberg en el caso conocido como "Einsatzgruppen", uno de los doce procesos subsiguientes al juicio principal de Nuremberg, en su alegato acusatorio explica la diferencia entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del siguiente modo:
" .. Los mismos actos que hemos declarado bajo el Cargo Uno como 'crímenes contra la humanidad' figuran como 'crímenes de guerra' bajo el Cargo Dos. Los mismos actos son, por tanto, objeto de acusación como delitos separados y distintos. Esto no es ninguna novedad. Una agresión, punible en sí misma, puede formar parte de un delito más grave de robo ... Así que en el caso que nos ocupa, el asesinato de civiles indefensos durante una guerra puede constituir un crimen de guerra, pero los mismos asesinatos forman parte de otro crimen. Se trata de un crimen más grave, esto es, genocidio o un crimen contra la humanidad. Esta es la distinción que hacemos en nuestra súplica. Es real y de la más alta importancia. Para evitar cualquier malentendido desde el principio, permítanme señalar las diferencias entre los dos delitos. Los crímenes de guerra son actos u omisiones en violación de las leyes y costumbres de la guerra. Por su propia naturaleza, afectan solamente a los nacionales de un beligerante, y no pueden cometerse en tiempos de paz. El crimen contra la humanidad no está delimitado de este modo. Se diferencia fundamentalmente del mero crimen de guerra en que abarca violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales cometidas en todo tiempo contra nacionales de cualquier país."
y recordemos también que en el caso de la II República española, no puede calificarse ninguno de sus actos como crímenes contra la humanidad. Los excesos que hayan sido cometidos por militares en operaciones legales, pero que hayan violado las leyes o usos de la guerra por acción o por omisión, sólo pueden ser considerados como crímenes de guerra. La legalidad republicana tipificaba los delitos contra civiles, e incluso la Constitución, en su artículo 7, reconocía la supremacía del derecho internacional sobre las leyes internas. Se trataba de actos ilegales conforme al propio ordenamiento jurídico de la II República.

En el caso de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, no sólo constituían ilícitos penales según el Código Penal, sino que la justicia ordinaria debía perseguirlos, y, como en el caso de Cataluña, se procedió a la identificación de los restos de ejecutados, la devolución a sus familiares y el juicio y condena de los hallados responsables. No se trata de demostrar que se persiguieron todos los casos, sino la falsedad propia de los intentos de equiparación de los dos bandos.

Los documentos jurídicos de las instituciones republicanas dejan perfectamente claro que su finalidad era la defensa de las libertades civiles y del régimen democrático, y, este hecho no fue puesto jamás en duda por la comunidad internacional. En cambio, el régimen franquista pergeñó un plan de exterminio y persecución política que está documentado en las propias instrucciones de los generales que se alzaron en armas contra el Gobierno de la República. Asimismo, colaboró directamente con el plan de exterminio nacional socialista contra los propios nacionales españoles (caso Mauthausen), en los actos de agresión y delitos contra la paz y permitió la utilización del propio territorio en la planificación de los crímenes contra la paz.

Este plan de exterminio se llevó adelante durante décadas, y fue explícitamente condenado por las instituciones internacionales, y muy especialmente por las Naciones Unidas, cuya resolución de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1946, declaró el carácter fascista del régimen impuesto por el General Franco y lo equiparó jurídicamente al nacionalsocialismo alemán, al fascismo italiano y al imperialismo japonés.

Ahora después de haber leído todo lo anterior preguntense cuales pueden ser los motivos del Partido Popular para haber limitado la aplicación de la Justicia Universal en España.

Benito Sacaluga

Fuentes consultadas: Publico.es, Equipo Nizkor


9 de abril de 2014

COSAS REALES




El 22 de mayo de 2004, una ciudadana española de 32 años de edad, Letizia Ortiz Rocasolano perteneciente a la clase media, licenciada en periodismo, contrajo matrimonio con el heredero a la Corona de España. Su anterior matrimonio, contraído en 1998 después de más de nueve años de noviazgo, duró apenas un año. Desde el día que casó con el hijo de Juan Carlos I, los títulos y distinciones llegaban a sus manos sin más justificación que su condición de esposa de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, quien a su vez ha obtenido los suyos simplemente por ser hijo de su padre. Según lo previsto la pareja formada por Felipe y Leticia serán los Reyes de España cuando el reinado de Juan Carlos I finalice. Lo que no está aún previsto es quien sucederá a Felipe en el trono ya que se da la circunstancia de que si bien entre sus descendientes aún no figura ningún varón, puede que en un futuro próximo esta situación cambie a raíz de un nuevo alumbramiento, aunque parece ser que no van por ahí los tiros y que todos sabemos que en eso de gestar la edad no perdona.

Desde el mismo día de sus reales nupcias Leticia Ortiz se convirtió en  Su Alteza Real Doña Letizia, titulo al que ha ido añadiendo los de Princesa de Asturias, Princesa de Gerona, Princesa de Viana, Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. No se a ustedes, pero a mi tanto título nobiliario gratuito me parece una horterada, al igual que me lo parece la retahíla de nombres con que bautizan a los privilegiados miembros de las casas reales. Allá ellos.

Aparte de los títulos ya mencionados a Su Alteza Real Doña Letizia se le otorgó en 2004 la  Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, concesión que se aprobó mediante un Real Decreto justo el día antes a su boda. Me imagino que a modo de regalo de bodas. Lo que no acabo de entender es cuales fueron los argumentos para la concesión de la Gran Cruz, ya que la concesión de esta distinción se concede en base a "recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación", parece ser que Doña Letizia al casarse nos prestó a todos un gran, eminente y extraordinario servicio. Ya puestos podían haberle concedido el Gran Collar de la Orden que es de mayor grado y además lleva 41 eslabones de oro, me imagino que se lo darán si algún día llega a reinar a modo de consorte. Puestos a otorgar grandes cruces varios paises extranjeros no se han quedado atrás y así se le han ido concediendo a Doña Letizia otras más:
Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina).
Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile (República de Chile).
Orden de la Cruz de Terra Mariana, (República de Estonia).
Gran Cruz de la Orden Nacional del Mérito (República Francesa).
Gran Cruz de la Orden del Mérito (República de Hungría).
Gran Cruz de la Orden de las Tres Estrellas,(República de Letonia).
Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa (República de Panamá).
Gran Cruz de la Orden del Sol  (República del Perú).
Gran Cruz de la Orden de Cristo (República Portuguesa).
Gran Cruz de la Orden del Fiel Servicio (República de Rumania).
Gran Cruz de la Orden del Corazón de Oro (República de Filipinas).

esto de que las Repúblicas condecoren a miembros de una Casa Real y que ninguna monarquía extranjera lo haya hecho aún no deja de ser curioso. Será porque históricamente los reyes de diferentes países en vez de condecorarse mutuamente lo que hacían era invadirse, nunca se llevaron bien y además todos sabemos que en las guerras los únicos que no las sufren son los reyes, con la única excepción, creo, de Atila. Cosas de las monarquías, si las cosas se ponen mal se exilian con toda la prole y a vivir bien que para eso son reyes. Faltaría más. Tampoco deja de ser curioso que la República Francesa haya distinguido a la Princesa de Asturias, teniendo en cuenta lo que pasó en Francia allá por el año 1789.

Aparte de Grandes Cruces, Doña Letizia acumula más distinciones, a saber:
Banda de la Orden del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos).
Gran Cordón de la Libanesa Orden del Mérito (República Libanesa).
Premio Mariano José de Larra a la Mejor Periodista Menor de 30 años.
Hija Adoptiva de Ribadesella (Asturias).
Camarera de Honor de la Virgen del Castillo de Cisneros (Palencia).
Madrina de Honor de la Agrupación de San Juan Evangelista Californio de Cartagena (Murcia).
Hija Predilecta de Oviedo (Asturias).
Lazo de Dama de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
Camarera de Honor de la Virgen de los Remedios de Mairena del Alcor (Sevilla).
Camarera de Honor de la Virgen de Gracia y Esperanza de Sevilla.
Camarera de Honor de la Virgen de la Amargura de Barbastro (Huesca).
Lo de que le nombren Camarera de varias vírgenes no deja de resultar de dudoso honor si tenemos en cuenta que generalmente las Camareras de la Virgen son un grupo de mujeres que se encargan de custodiar la imagen. limpiarla, lavar y planchar sus vestiduras, sacar brillo a los adornos y avalorios durante todo el año y especialmente cuando llegan los días de la Semana Santa, momento en el cual siguen en procesión al paso de la virgen, totalmente vestidas de negro, con generosas peinetas, imagino que con un buen cirio en la mano y con la camarera jefe en lugar destacado. No acabo yo de imaginarme a Doña Letizia planchando hábitos, ni siquiera en procesión por las empinadas calles de Barbastro, villa que dudo haya visitado alguna vez. Si este año anuncia su voluntad de acudir, aunque solo sea para hacerse la foto de rigor, peineta y velo negro en ristre, la apurada economía local barbastrense se lo agradecerá, aunque en el fondo no sirva para nada. Más fácil lo tiene con los sevillanos, en un solo día y de tres tacadas puede cumplir con las cofradías a las que como Camarera se debe en días tan señalados.

Los títulos y distinciones seguirán llegando a su palacete, el próximo parece ser que será el de "Aforada", una distinción que si bien no lleva lazo, ni banda, ni cruz, ni collar, si supera a muchas de las anteriormente citadas distinciones en su valor práctico. Dado que el aforamiento se le va a conceder al matrimonio Felipe-Letizia y teniendo en cuenta su rango, nobleza y rancio abolengo yo propongo que de forma urgente se cree la Gran Cruz del Aforado de Alberto Ruiz Gallardón y que a los Príncipes de Asturias se les entreguen cuatro ejemplares de las Cruces, dos para diario y otras dos por si las pierden, no vaya a ser que, por esas cosas del destino, viajando de incógnito se les ocurra aparcar en la Gran Via de Madrid, les vea la Policía y no puedan enseñar la Cruz a modo de salvoconducto y al mismo tiempo darles a los agentes la dirección del Tribunal Supremo para que entreguen allí la denuncia y el alto tribunal decida si se les multa o no.

Benito Sacaluga.











CRECIMIENTO ECONÓMICO FRENTE A DESEQUILIBRIO SOCIAL





Desde FAES, esa fundación que preside José Mª Aznar y que como no podía ser de otra manera está subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, si, el mismo que deja a miles de estudiantes sin becas para estudiar, publicó a finales de 2013 un estudio titulado "Una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo", elaborado según la fundación por un "selecto grupo de economistas.... llevado a cabo desde la defensa de la libertad individual frente a la preeminencia del Estado", para entendernos desde una óptica neoliberal a la española, es decir extrema, cuyo objetivo es la expansión de la iniciativa privada a base del adelgazamiento del Estado, de la capacidad del Estado para generar riqueza, limitando sus funciones a lo estrictamente imprescindible. A nadie se le escapa que si la riqueza la genera el Estado es factible que su reparto entre la sociedad exista, y que por el contrario si es el sector privado el que la produce y además con escaso control estatal, la riqueza quedará en manos de sus productores y aliados, es decir del mercantilismo empresarial y político, o dicho de otra forma su reparto se llevará a cabo entre grupos de presión, multinacionales y socios del sector privado a su vez socios del  poder político. Bajo fundamentos estrictamente liberales se efectúa el citado informe, insistiendo en que las políticas neoliberales distribuyen riqueza entre las clases trabajadoras, afirmación ésta que todos sabemos no es cierta desde hace más de treinta años y así lo entiende Mario Elgue, especialista en economía social en su libro "Economía Social, Desarrollo e Inclusión. Emprendimientos e innovaciones locales y regionales" afirmando que:
Ya no quedan dudas de que el modelo neoliberal es incapaz de dar respuesta a los principales problemas que siguen aquejando a la sociedad: altos índices de desempleo, trabajo en negro, pobreza y exclusión social. Su debacle fue el resultado de la aplicación de las políticas del "derrame", según las cuales bastaba con el crecimiento de los grandes grupos concentrados ya que estos últimos difundirían los beneficios hacia el resto de la sociedad productiva y laboral. Pues bien, ahora está claro que este "goteo" no llegó; que no hubo un correlato distributivo y de cohesión de la base social.
Aquí en España algo entendemos de lo que Elgue denuncia. En un escenario de recesión critica de la economía hemos podido comprobar como los grandes grupos económicos y financieros han aumentado sus resultados y consolidado su "exclusividad" en los mercados, sobre todo en el financiero, al compás de una tímida e inestable recuperación económica que en términos macro nos vende el gobierno, mientras que las clases trabajadoras ni siquiera hemos dejado de caer y en muchos casos sin esperanza de recuperación.

Nos dice FAES en su informe que: 
Favorecer el crecimiento económico se ha convertido en el mantra preferido en cualquier debate que se precie sobre la actual crisis económica. Es más, nadie en su sano juicio se atrevería a negar su validez.
La redacción contundente (prepotente) del texto anterior y al mismo tiempo descalificadora de cualquier opinión opuesta, junto con mi disconformidad total sobre el mismo deberían alertarme de mi salud mental, cosa que no sucede por la sencilla razón de que los valores y objetivos de FAES y los míos no coinciden en absoluto. En los debates a los que asisto no se habla exclusivamente de crisis económica, caso que si se da en los que FAES interviene, sino que mas bien se discute y debate sobre crisis económica y social. 

Un crecimiento económico, del que únicamente se benefician los grupos de poder a costa de las clases trabajadoras es a lo que, como siempre, nos enfrentamos. En definitiva a una expansión del poder condigno en detrimento del poder compensatorio y de la justicia social. Analizando someramente las bases sobre las que se está fomentando el crecimiento económico,que no son otras que el blindaje de beneficios empresariales y protección del sistema financiero a costa de una reducción de salarios y derechos laborales adquiridos, el resultado previsible no puede ser otro que un aumento del desequilibrio económico y social existente entre las clases trabajadoras y el capital, un desequilibrio que permanecerá en el tiempo a pesar de que el Gobierno nos diga que es una situación pasajera. Un desequilibrio que siempre existió, que en cierto modo se redujo años atrás y que ahora se hace cada día más evidente y además dotado de mecanismos (Reforma Laboral) que lo garantizan.

De forma callada pero constante se vienen produciendo operaciones de privatización de servicios y suministros que hasta ahora venían siendo competencia exclusiva de las diferentes administraciones públicas, desde la energía eléctrica hasta la sanidad pasando por la gestión del agua potable, servicios de limpieza y recogida de residuos, transporte, comunicaciones y un largo etcétera. Esta es la teoría liberal que el Gobierno está aplicando, en definitiva un adelgazamiento del Estado y de su capacidad de intervención en la economía del país y por tanto en la posibilidad de llevar a cabo políticas economicas tendentes a lograr el equilibrio social y económico de los españoles, además de estar fomentando la creación de oligopólios para la gestión y suministro de recursos y derechos básicos, recursos y derechos que caen en manos privadas convirtiéndose así en bienes explotables que ni siquiera están sujetos a un mecanismo de control de precios soportado por el libre mercado y que con toda seguridad son y serán superiores a aquellos que existirían si fuese el Estado quien los prestase, además en caso de desviaciones negativas en las cuentas de resultados de las empresas explotadoras de estos derechos el Estado sería, como siempre, el encargado de compensarlos, bien mediante la aportación de recursos económicos a fondo perdido o bien mediante una reducción de las prestaciones.

De poco o nada nos vale que exista crecimiento económico si no nos afecta y menos aún si el pretendido crecimiento es a costa nuestra. Es obvio que este tipo de crecimiento fomenta el desequilibrio social y que en lo que al Estado respecta únicamente le vale para exhibir unas determinadas cifras macroeconómicas , tan obvio como que son los grupos de poder los únicos beneficiados. No ya obvio, sino necesario es que se pongan los medios para que exista un equilibrio social y económico adecuado, las políticas neoliberales son la antítesis de este necesario equilibrio. Que estas políticas sean defendidas por el Partido Popular y sus derivados es lógico, pero de ninguna manera estas políticas deben ser admitidas. El Estado es constitucionalmente el garante de los derechos cuya gestión se privatiza y esa responsabilidad no puede de ninguna de las maneras ser delegada ni siquiera en su vertiente ejecutiva. Las prioridades para mi son claras, primero equilibrio real y luego crecimiento desde ese equilibrio. Un crecimiento, el actual, que tiene como consecuencia el aumento de las diferencias sociales y económicas tiene un nombre y ese nombre es capitalismo salvaje, en este caso con el visto bueno del Gobierno y en detrimento de la hegemonía del Estado. El deterioro no se evitará con un cambio del partido que gobierne, el problema está en un modelo de Estado que permite estas desigualdades y atropellos y este modelo de Estado es lo que hay que cambiar.


Benito Sacaluga.




6 de abril de 2014

QUE AFOREN A MARHUENDA






El diario "La Razón", un rotativo que limita su concepto de libertad a la ausencia de esclavitud, dedicó ayer cinco de abril el editorial (Aforamiento pertinente) a la posible inclusión de la reina, el príncipe y su esposa en el club de los aforados, un club que ya cuenta con 10.000 socios. Ni que decir tiene que el periodico apoya la iniciativa del Ministerio de Justicia, aunque para justificar su apoyo no tenga ningún reparo en considerarnos a todos como recién salidos de un parvulario con el Catón y el Catecismo como únicos inquilinos de nuestra mochila.

Nos dice que "...el aforamiento procede del concepto del fuero, no es un privilegio en si mismo ni concede inmunidad alguna", olvidando que sin normas, derechos y privilegios cualquier fuero no tiene razón de ser y así ha venido siendo desde la Edad Media y también de que en una Constitución democrática no tienen cabida los privilegios ni la inmunidad, aunque la española siga conteniendo ese bochornoso párrafo tercero de su Artículo 56 que permite, además de la inviolabilidad del rey, la imposibilidad de que se le exijan responsabilidades de ningún tipo, esto teniendo en cuenta que es Jefe del Estado además de un privilegio es una aberración que solo se puede encuadrar dentro de un régimen totalitario.

Volviendo al asunto el editorial afirma, sin ningún pudor, que "...el aforamiento es un mecanismo de protección para la recta aplicación de la Justicia.....se considera que un órgano colegiado, como es el Tribunal Supremo es mucho menos permeable a las presiones de todo tipo, políticas, pero, también, mediáticas o ideológicas, que un organismo unipersonal como es el juez de Instrucción". Sobre lo anterior se pueden efectuar varias lecturas y extraer también varias conclusiones, pero la que primero se me viene a la cabeza es la duda sobre si efectivamente estamos viviendo dentro de un estado de derecho. Considerar, como hace el editorial, que la recta aplicación de la justicia, de las actuaciones de los jueces, necesita de mecanismos de protección ya de por si es altamente preocupante, que esos mecanismos solo puedan ser disfrutados por diez mil españoles es altamente injusto. Afirmar que el sistema judicial español, Tribunal Supremo incluido, es permeable a presiones externas, haciendo incapié en que los jueces de Instrucción por el hecho de ser unipersonales son menos imparciales en su trabajo es una bofetada a la carrera judicial, a la justicia y a los ajusticiables y ajusticiables somos todos menos el Rey.

Nos sigue diciendo que "el aforamiento en algunos casos puede perjudicar las opciones de defensa de los aforados al eliminar las posibilidad de recurso ante instancia superior", sin decirnos que en el Tribunal Supremo la admisión a trámite de una querella presenta muchas más dificultades que si se efectúa en un Juzgado de Instrucción, circunstancia que ya de por si juega en favor del denunciado. Por otro lado olvida que las sentencias del Supremo si bien no admiten recurso en más instancias judiciales españolas, si así fuera el tribunal no seria Supremo, si pueden ser estudiadas por el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre otros. Además, ¿a que mayor garantía de justicia puede aspirar un reo si su caso se ventila en el Tribunal Supremo?, y a nivel general ¿cuantos ciudadanos españoles pueden permitirse disponer de  los recursos económicos necesarios para llegar al Supremo?

Continua su lección magistral afirmando que la no inclusión de la Reina y los Príncipes de Asturias como aforados "es una disfunción en nuestro ordenamiento jurídico" y que "...es un absurdo que las personas que ejercen funciones en el ámbito de la Jefatura del Estado estén excluidas del aforamiento". Según lo anterior por que no aforar también al secretario del Rey, al jefe de la Casa Real o al chófer del monarca. Nuestra Constitución no atribuye a los Principes de Asturias ni la la reina consorte ninguna función constitucional salvo en caso de Regencia (Art.58), por tanto ¿a que funciones se refiere La Razón?. Teniendo en cuenta que el director de La Razón, Francisco Marhuenda lleva desde 1995 sirviendo fielmente a Mariano Rajoy y al Partido Popular, tanto desde cargos públicos, nombrado en todos a dedo por su amigo Mariano, como de insufrible vocero demagógico del PP y azote de la izquierda democrática a modo de trasnochado Guerrero del Antifaz, ¿por qué no aforarlo junto con el periodico que dirige?. Sería una aberración ¿verdad?, pues tanto como aforar a unas personas cuyo único mérito es, en el caso de la Reina haber contraído matrimonio con el delfín de un dictador en pleno apogeo de la dictadura (1962), y en el caso del Príncipe de Asturias ser hijo del anterior matrimonio, nombrado heredero a un trono aún siendo el tercero en la línea sucesoria, vulnerando de forma indecente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que nuestra Constitución establece.

Por supuesto Marhuenda y su diario poco valor dan a la Constitución cuando califican de absurdo el hecho de que la Reina y los Príncipes de Asturias no estén aforados, olvidando conscientemente que la propia Constitución niega este aforamiento en su artículo Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la ley, si que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Un artículo corto y fácil de leer e interpretar , pero que puede que sea uno de los que más se vulneran cada día en España. Mientras esto sucede los ciudadanos cada día nos sentimos más como unos hijos menores de Heraclio Fournier, situados en esa parte de la baraja que solo vale para descartes mientras esperamos ganar en un singular y amañado juego de tute en el que el As, la democracia, recupere su mayor valor ante el Rey y así poder acabar una partida que ya dura demasiado.

Benito Sacaluga






3 de abril de 2014

CONTUBERNIO CONTRA EL REY






(1) El Palacio de la Zarzuela ha calificado las conversaciones que se citan en el libro "La gran desmemoria" de Pilar Urbano de "pura ficción imposible de creer" y ha desmentido "rotundamente" que el rey participase en lo que la autora denomina Operación Armada para echar del Gobierno a Adolfo Suárez en 1981.

El hijo de Suárez y su cuñado Aurelio Delgado, por los exministros Rafael Arias Salgado, Jaime Lamo de Espinosa, Rodolfo Martin Villa, Marcelino Oreja Aguirre, José Pedro Pérez- Llorca y Salvador Sánchez-Terán, el teniente general Andrés Casinello Pérez y el general Fernando López de Castro Fá. Todos ellos acusan a Urbano de ser citados "con reiteración en la publicación como fuentes directas o indirectas" y de poner "en su boca" afirmaciones "total o parcialmente" falsas y en muchos casos "torticeramente manipuladas":
"No podemos sino condenar enérgicamente la infame y falsa operación política que trata de poner al descubierto la publicación y proclamamos tanto nuestra lealtad a S.M. el Rey, de cuyo escrupuloso comportamiento institucional somos testigos directos, como nuestro profundo respeto a la memoria y acción de Gobierno del Presidente Suárez recién fallecido". 
En su propio comunicado, la Casa del Rey ha destacado el carácter "impecable" con el que el jefe del Estado ha cumplido "siempre" sus obligaciones institucionales y ha desmentido "rotundamente" cualquier participación suya en la denominada en este libro Operación Armada.

A mi esto de los desmentidos a secas siempre me sonó a prepotencia, es decir a un estudiado y temeroso "es mentira y punto", salvo que estén acompañados de pruebas o por la manifiesta voluntad de que por todos los medios se investigue lo denunciado al objeto de dar la razón a quien la tenga. En un caso de la gravedad del que nos ocupa ya deberían estar en el juzgado de guardia las querellas contra Pilar Urbano por la comisión de varios delitos graves. Como en el caso de la visita de Armada a La Zarzuela el 23-F, las querellas ni están ni se las espera. Si alguien piensa que el Grupo Planeta ha publicado el libro sin calibrar hasta lo inimaginable su contenido y las reacciones al mismo, está equivocado. Que un grupo de herederos del franquismo, antiguos ministros con Franco y la UCD y un par de generales entorchados durante la dictadura se manifiesten al unísono a favor del rey estando también ellos involucrados negativamente en la narración no merece ninguna credibilidad, repasar sus biografías da escalofríos. Que el hijo de Adolfo Suarez exija los derechos de autor de una fotografía del rey y Suarez que lleva años circulando en plan gratis por todos los servidores del mundo es una chiquillada, que Planeta la haya publicado en el libro una falta de imaginación o el producto de la pereza. Acusar a una escritora de publicar libros para ganar dinero solo puede hacerlo un idiota. 

Dice la Zarzuela que "La relación del monarca con el presidente Suárez estuvo basada en el respeto mutuo y la lealtad recíproca". Que se diga esto de la relación entre el delfín de Franco y el Ministro Secretario General del Movimiento, un cargo que ostentó Suarez y que equivalía al de Secretario General del partido Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista con rango ministerial en el Consejo de Ministros, un cargo creado en plena Guerra Civil (1938) puede parecer lógico, pero es muy difícil que estas virtudes hayan estado presentes en su relación por la sencilla razón de que aquellos que pertenecen o pertenecieron a las citadas instituciones llevan decenas de años demostrándonos que no tienen ni idea de lo que significa lealtad y respeto, tanto en el terreno político como en el personal. Que el Jefe del Estado siga sin jurar la Constitución es una pequeña muestra de la falta respeto que siente por ella, que no  lo haya hecho por respeto a su anterior juramento sobre cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del franquismo, incluida la Ley de Principios del Movimiento Nacional es una muestra de lealtad y respeto si, pero hacia un dictador criminal e implacable y a su sistema político.

Lo del manifiesto de los ex ministros y generales aludiendo, como siempre, a una conspiración infame, nos retrotrae a 1936 y la tan publicitada conspiración judeo-másónica-comunista, que nunca existió pero que un grupo de militares traidores a España utilizó para justificar la guerra que planeaban y finalmente iniciaron. También nos transporta a 1962 cuando Gabriel Arias-Salgado, Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Ministro de Información y Turismo desde 1951 y padre de uno de los firmantes del manifiesto de apoyo al rey, calificó como "Contubernio de Munich" al IV Congreso del Movimiento Europeo en el que, con la asistencia de la oposición franquista en la clandestinidad o el exilio, se impusieron una serie de condiciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, todas contrarias al espíritu del régimen dictatorial que padecía España. 

Lo que a estas alturas diga el monarca, si quiere ser creído, lo debe decir en los juzgados; también esto es aplicable a sus ofendidos defensores, que desmienten pero no niegan con rotundidad, escondiéndose en el salvavidas de la "interpretación torticera y las verdades a medias".  En cualquier país medianamente democrático donde impere el estado de derecho, el parlamento en pleno habría exigido explicaciones al rey y al autor del libro. En este caso, y estamos hablando de alta traición, no hay impunidad que valga. Digo yo que, en uno u otro sentido, algo tendrá que decir el Fiscal General del Estado.

El líder de IU ha vuelto a reclamar que se desclasifiquen todos los documentos, cintas y grabaciones relacionadas con el golpe de Estado para que se pueda escribir la historia "completa". Bueno sería que los documentos salieran a la luz pero, ¿estarán todos? No sería el primer caso en el que se pierden documentos, el primero en el que inexplicablemente se "extravían" archivos custodiados por instituciones españolas, puedo dar fe de ello. Este asunto no se puede saldar con manifestaciones de las partes a los medios de comunicación, tampoco con juramentos ostentosos a lo Santa Gadea, este asunto debe ser investigado y llevado hasta sus últimas consecuencias, tanto por su extraordinaria importancia como por higiene democrática. No se hará. Además me parece que a muchos españoles ya les da todo igual. A este paso dentro de poco consideraremos a Franco como el gran artífice de la transición y en los autocares del Inserso se volverá a cantar eso de:  "Montañas nevadas, banderas al viento, el alma tranquila....Renovando y construyendo forjaremos nuestra historia, con la mieses del pasado nacerá otro nuevo amor". Para llorar.


Benito Sacaluga.


(1) Público.es.03/40/2014

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2 de abril de 2014

EL EMPRESARIO MONTORO



No deja de resultar sorprendente, si es que ya nos queda capacidad para la sorpresa, que nuestro ministro de Hacienda acabe de anunciar que va a convocar 950 plazas para trabajar en la administración del Estado después de haberse cargado a 300.000 funcionarios. Lo normal y justo sería que de esos 300.000 despedidos se cubrieran las necesidades actuales de personal, más aún si como dice el ministro en los procesos de selección se tendrá muy en cuenta la experiencia laboral. Que las empresas privadas despidan a los empleados más antiguos para sustituirlos por jóvenes con salarios mínimos dejando a los primeros en el paro y a los segundos en la precariedad es injusto e impresentable , que lo haga el Estado ya es como para salir corriendo y saltar la valla de Melilla pero en dirección a Marruecos.

Sigue este ministro, una especie de Mr.Scrooge al servicio del PP al que nunca visitaran los fantasmas de la Navidad, diciendo que 238 de las plazas convocadas, un 25 % del total, serán para él, para el Ministerio de Hacienda al objeto de implementar la lucha contra el fraude fiscal, contra esa economía a la que el Gobierno ha obligado a la inmersión para protegerse de los cañonazos del hambre y contra la que lanzará ahora innumerables cargas de profundidad para simplemente destruirla sin recaudar nada. Montoro debería saber que de donde no hay, nada se puede sacar, como mucho actas de inspección levantadas a insolventes.

Nos dice el ministro que (sic) "esta oferta es una buena muestra de la línea de actuación del Gobierno", nada más cierto y así nos va. Una línea corta, muy corta y que además se dibuja fuera de la hoja donde figura la línea de las necesidades de los trabajadores, desempleados y pensionistas, una línea muy larga que crece cada día. También nos dice que (sic) "la crisis no debe suponer descapitalizar al Estado", olvidándose de que el Estado ya está completamente descapitalizado a causa de la desorbitada deuda publica y el desfase entre ingresos y gastos (déficit público) y que lo único que impide su declaración oficial de quiebra es el valor de unos activos de los que poco a poco se verá obligado a desprenderse. No digamos ya la descapitalización de la clase trabajadora (sostén del Estado), en rápido y progresivo proceso de empobrecimiento, y que precisamente es la que aporta el 95% de los ingresos de su ministerio. Añadamos ahora que sin clase trabajadora es imposible la existencia del Estado, que ésta es cada día más reducida a causa de la ausencia de políticas de creación de empleo y nos haremos una idea de a donde va la "línea de actuación" del Gobierno. Bajo mi punto de vista nos llevará a la revolución, para ello solo hace falta que los trabajadores no tengan nada que perder y en esa tendencia esta el asunto.

Manifiesta el ministro Montoro que el déficit alcanzado en 2013 es de  un 6,62 % del PIB, sin incluir las ayudas a la banca que es lo mismo que hacerse trampas en el solitario, si las incluimos, y se deben incluir, el déficit es del 7,08 %. Sumemos el déficit de la Seguridad Social (11.860 millones en 2013) y tengamos ahora en cuenta que el incremento del PIB en 2014 no llegará al 1% y que el pago de la deuda en 2014 será superior en un 10% al de 2013 y nos daremos cuenta de lo que da de si este ministro y este Gobierno. Como colmo de la más denigrante estupidez manipuladora acaba Montoro diciendo que (sic) "si no tuviéramos deuda pública tendríamos ya superávit", olvidando que desde que llegó su partido al poder y le sentaron en el sillón de Hacienda la deuda publica española ha aumentado en 300.000 millones de euros y de que España lleva emitiendo deuda publica desde hace más de 500 años, concretamente desde el reinado de Alfonso XI y que posteriormente fueron los Reyes Católicos los primeros en emitir títulos de deuda del Estado, títulos que Carlos III convierte en cotizables hace ya 300 años. Si no queremos viajar tan hacia atrás en el tiempo baste con decir que la Deuda Publica española es la mayor de los últimos cien años, superando con exceso a la existente en 1913 (76,70 % del PIB) según datos del FMI.

El ministro no mide sus palabras y en este caso concreto de la Deuda, sin darse cuenta, va y nos da la razón a los que pedimos un análisis de la deuda soberana a efectos de separar la legítima de la ilegitima, operación que haría que su importe fuera reducido en buena medida. Una deuda publica, la española, que según los expertos no se podrá pagar por muchos años que pasen a no ser que toda Extremadura se convierta en una densa selva de pozos de petroleo y una deuda publica que cada año se incrementa, entre otras causas para poder pagar los intereses y vencimientos de la ya contraída con anterioridad.

Pero paciencia, lo anterior no es nada en comparación con lo que nos espera hasta que se celebren las elecciones europeas, no digamos ya hasta que se celebren las generales en 2015. El Gobierno no puede estar permanentemente haciendo campaña electoral y menos aún si es el Partido Popular quien gobierna teniendo en cuenta la enorme mentira que fue su programa electoral y las cifras ofrecidas por el Excelentisimo Señor Ministro de Hacienda y Administraciones Publicas, un ministro que ha superado en cinismo a sus antecesores, ni más ni menos que Salgado, Rato y Solbes, todos ellos bien colocados en eléctricas y bancos en agradecimiento por haber colaborado de forma significativa en el desastre social y económico que desde hace ocho años padecemos los trabajadores y en el afianzamiento y progresión positiva de los resultados de las grandes empresas y los bancos.

Este Montoro más que un ministro lo que parece es un empresario arruinado tratando de convencer a un banco para que le preste dinero, defendiendo unos balances económicos maquillados, un endeudamiento inasumible, haciendo gala de una nula capacidad de gestión, y además encomendando al santoral en pleno y al tiempo la viabilidad de su empresa. El resultado será que el banco le dirá que no tiene crédito y que además carece de solvencia profesional,  para pasar a aconsejarle que si lo que quiere es salvar la empresa lo que tiene que hacer es ponerla en manos de otros gestores. 

Benito Sacaluga


Datos: INE, FMI, Prensa digital diaria.







1 de abril de 2014

PISTOLAS Y PERROS






Un vez finalizado el luto oficial y digeridos todos los programas especiales dedicados a la memoria de Adolfo Suarez, tenía pensado ofrecer mi desautorizada opinión sobre su papel en la Transición, su época de gobierno y su ocaso político. La noticia sobre la inminente publicación de un libro que recoge información sobre el, para mi exitoso, golpe de estado del 23 de febrero de 1981, me aconseja esperar hasta conocer su contenido. Digo que para mi el golpe fue exitoso porque lo fue para los que realmente lo perpetraron, en definitiva para los que se beneficiaron de su preparado fracaso, un "fracaso" que estaba en el guión, un guión que modificaba el contenido del tercer acto de la tragedia sin que los actores secundarios fuesen informados de los cambios hasta que el telón estaba a punto de bajar.

El libro en cuestión lleva por título  "La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar". Está escrito por Pilar Urbano, una valenciana de 74 años, número uno de su promoción en la Escuela Oficial de Periodismo, miembro del Opus Dei, con una trayectoria profesional vinculada a los medios de información conservadores y católicos, últimamente columnista del camaleonico diario El Mundo. A estas alturas ya ha publicado otros libros sobre el 23-F ( ella estaba en el Congreso el día del golpe), la Casa Real española y hasta sobre la Casa Blanca estadounidense en el contexto del 11-S de 2001, todos ellos produjeron en su momento reacciones encontradas a causa de las "revelaciones" que contenían. Este nuevo libro no podía ser menos y ya antes de su publicación y como consecuencia de la campaña publicitaria de lanzamiento ya ocupa a la prensa escrita y a los tertulianos habituales. La polémica sobre la veracidad del texto está servida. Ya solo falta que la autora salga al paso de los comentarios que cuestionan la veracidad de lo que en libro se cuenta, tal y como hizo en relación con el también libro de Pilar Urbano "La Reina muy de cerca" : Lo que ha dicho la reina es lo que aparece en mi libro, la Casa Real lo leyó y dio luz verde a su publicación. En esta ocasión, sin haber leído el libro y teniendo en cuenta solo lo que de el se ha filtrado veo como muy improbable que la Casa Real certifique oficialmente las revelaciones, aunque con su silencio en cierta forma lo esté haciendo.

Por otro lado y teniendo en cuenta que el libro entraba en las imprentas al mismo tiempo que Adolfo Suarez veía cerca las horas de las alabanzas, deberemos descartar su certificación o desmentido, sobre todo en lo que se refiere a aquellas situaciones en las que Suarez y el Rey discuten en soledad. La familia de Suarez podría arrojar alguna luz, pero mucho me temo que no lo hará. Su cuñado y secretario personal ya adelantó ayer en la televisión de la Conferencia Episcopal que duda de la veracidad del contenido, aunque no lo llegase a calificar de falso.

Según lo hasta ahora publicado Pilar Urbano demuestra de forma tajante la implicación de Juan Carlos I en un golpe de estado. Ya no se trata de suposiciones o teorías, se trata, según la autora, de hechos. De unos hechos en los que está implicado el rey, la cúpula militar y hasta Felipe Gonzalez de forma indirecta y destinado a afianzar el nudo atado por Franco, debilitado en esos momentos a causa de Suarez, de un Suarez que no olvidemos era el presidente, democraticamente elegido, del Gobierno de España. De un Suarez en un principio provisional hasta que todo cambiase para que finalmente todo siguiera igual, que ahora se negaba a renunciar a un poder que no estaba pactado, no estaba en el guión de la falsa transición. Estas supuestas conversaciones entre el rey y Suarez de ser ciertas  ya por si solas constituyen un autentico golpe de estado comandado por el rey, un golpe de estado en petit comité, a espaldas de la nación entera, con pistola en manos de un militar y secundado activa e inconscientemente por un fiel amigo del rey, por su perro preferido. O ¿acaso no es un golpe de estado obligar a un presidente electo a dejar el Gobierno, orden que se le da por un Jefe de Estado uniformado de capitán general y por un grupo de militares armados? Si esto realmente pasó ya nada importa lo que sucedió el 23F.

Un rey que según Pilar Urbano le dice a Suarez:
“Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. La cosa está clara: uno de los dos sobra en este país. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar”
¿Quien sobra? ¿La Democracia o la Monarquía?. Una frase demoledora en la que además el rey olvida  que quien le ha puesto "aquí" no ha sido la Historia sino un dictador y además sin ser, ni mucho menos, el legitimo aspirante al trono, el legitimo heredero, ni siquiera eso es el rey que tenemos en España. De las excelencias de su árbol genealógico ahora prefiero no hablar.

Puede que el libro de Pilar Urbano no llegue a publicarse, ya existen precedentes, es difícil pero posible, también es posible que se efectúen modificaciones en su contenido.  Lo que no puede ser es que un rey sea acusado por escrito y públicamente de golpista,  fuesen cuales fuesen las circunstancias y los fines del golpe él salia beneficiado, y que este rey permanezca callado, agazapado en su impunidad.

Desde Isabel II, que abdicó en su hijo Alfonso, ningún rey español lo ha vuelto a hacer, la renuncia al trono de Juan de Borbón a favor de Juan Carlos fue una orden de Franco, Juan Carlos ya nos dijo que no pensaba hacerlo. Sin embargo, el rey debería saber que además de la abdicación y la muerte hay otras formas de dejar un trono, quizás lo sepa y una vez que ya ha conseguido enriquecerse y las cosas empiezan a ponerse molestas en cierta manera lo esté deseando y pronto volvamos a oír eso de: Por España, todo por España, a modo de "honrosa" despedida.

Benito Sacaluga